En la República Dominicana, desaparecer se ha convertido en una posibilidad real. No es una exageración ni un recurso retórico: es una crisis silenciosa que crece año tras año, dejando a su paso familias destrozadas, instituciones cuestionadas y una sociedad cada vez más inquieta.
Las cifras son contundentes. Solo entre enero de 2025 y febrero de 2026 se registraron 1,530 desapariciones, con un aumento alarmante respecto a años anteriores . En 2025, los casos prácticamente se duplicaron en comparación con 2024. Y dentro de ese universo, hay un dato aún más estremecedor: decenas de esos desaparecidos son niños y adolescentes. Entre enero y octubre de 2025, por ejemplo, se reportaron 50 niños y 404 adolescentes desaparecidos.
Mientras los esfuerzos de las autoridades resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. Persisten denuncias de falta de coordinación, lentitud en las investigaciones y ausencia de protocolos eficaces, especialmente en las primeras horas, que son cruciales.
Más grave aún: muchos casos pierden visibilidad con el tiempo. Expedientes que se enfrían, búsquedas que se diluyen y familias que quedan solas frente al silencio institucional.
No hay una sola causa. Las desapariciones responden a una combinación de factores sociales, económicos y criminales.
Además, la falta de estadísticas unificadas y confiables impide comprender plenamente el fenómeno, lo que limita el diseño de políticas públicas efectivas.
La solución no es simple, pero sí urgente. Algunas iniciativas podrían marcar la diferencia: Implementar un sistema nacional de alerta temprana para desapariciones de menores, fortalecer las unidades de búsqueda con tecnología y crear una base de datos unificada y transparente.
También brindar apoyo psicológico y legal a las familias, invertir en prevención, atacando las causas estructurales como la violencia familiar, la pobreza y la deserción escolar y endurecer sanciones contra redes criminales, incluyendo trata y explotación.
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