Las guarderías privadas se han multiplicado en todo el territorio nacional como respuesta a una necesidad social: miles de familias requieren un lugar seguro donde dejar a sus hijos mientras cumplen con sus responsabilidades laborales. Sin embargo, ese crecimiento no puede producirse al margen de una vigilancia rigurosa del Estado.
Los recientes casos que han conmocionado a la sociedad dominicana, desde la muerte de un bebé hasta denuncias de presunto maltrato infantil en centros de cuidado, obligan a revisar si los controles actuales son suficientes y, sobre todo, si se están aplicando con el rigor que exige la protección de la niñez.
No basta con que una guardería cumpla inicialmente con requisitos legales, fiscales, de infraestructura o de seguridad. Es indispensable que exista una supervisión periódica y efectiva por parte de las autoridades competentes, con una participación más activa del Ministerio de Salud Pública en todo lo relacionado con las condiciones sanitarias, los protocolos de atención, la capacitación del personal y la prevención de riesgos, en coordinación con las demás instituciones responsables de la protección de la infancia.
La seguridad de un niño no puede depender únicamente de la buena voluntad de un propietario o de la confianza de los padres. Debe descansar sobre un sistema de inspección permanente, transparente y estricto que garantice el cumplimiento de las normas y sancione con firmeza cualquier incumplimiento.
La proliferación de guarderías privadas representa un avance en la oferta de servicios para las familias, pero también implica una mayor responsabilidad del Estado. Cuando se trata de la vida, la salud y el bienestar de los niños, la supervisión no puede ser ocasional ni reactiva; debe ser preventiva, constante y efectiva. Solo así los padres podrán confiar en que, al dejar a sus hijos en una guardería, realmente los están dejando en un lugar seguro.
!Comparte esta información!