La reciente disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre el uso obligatorio de doble casco protector para conductores y pasajeros de motocicletas responde a una preocupación legítima: preservar vidas y fortalecer la seguridad vial en nuestro país. Nadie puede oponerse a una medida cuyo propósito principal sea reducir accidentes y proteger a quienes diariamente utilizan la motocicleta como medio de transporte y herramienta de trabajo.
Sin embargo, toda política pública debe tomar en cuenta la realidad social y económica de la población a la que va dirigida. En la República Dominicana, los motoristas representan mucho más que un simple sector del transporte; constituyen una pieza esencial de la dinámica económica y social del país. Miles de familias dependen de la motocicleta para generar ingresos, trasladarse a sus lugares de trabajo, estudiar o resolver necesidades cotidianas.
El motoconcho, los servicios de mensajería y delivery, así como el transporte informal en comunidades rurales y urbanas, son actividades que sostienen gran parte de la movilidad nacional. Para muchos ciudadanos, adquirir un segundo casco certificado representa un gasto significativo en medio del alto costo de la vida y de las limitaciones económicas que afectan a una amplia parte de la población.
Por ello, aunque respaldamos plenamente toda iniciativa orientada a fortalecer la seguridad vial y reducir la pérdida de vidas humanas en las carreteras, entendemos que la aplicación de esta medida debe realizarse de manera gradual, educativa y acompañada de facilidades para los ciudadanos.
La imposición inmediata y estricta de sanciones podría generar rechazo social y dificultades económicas para quienes dependen diariamente de la motocicleta para sobrevivir. Más efectivo sería desarrollar campañas de orientación, programas de acceso asequible a cascos certificados y períodos de adaptación razonables que permitan a los motoristas cumplir con la normativa sin afectar aún más su situación económica.
La seguridad vial no debe verse únicamente desde el enfoque sancionador, sino también desde una perspectiva humana y social. Educar, concienciar y facilitar el cumplimiento de las normas produce resultados más sostenibles que imponer medidas sin considerar las condiciones reales de la población.
Reiteramos nuestro respaldo a las acciones encaminadas a reducir accidentes de tránsito y fomentar una cultura de responsabilidad en las vías públicas. Pero también hacemos un llamado a las autoridades para que escuchen la realidad de los ciudadanos y construyan soluciones equilibradas, donde la protección de la vida vaya de la mano con la sensibilidad social y económica que demanda el pueblo dominicano.
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