Para conquistar el favor de la mayoría, los miembros de las organizaciones políticas suelen revestirse de los valores y virtudes que deben adornar a toda persona con buenas intenciones hacia la colectividad.
Sin embargo, en República Dominicana esa vestimenta parece quitarse y ponerse según la coyuntura, como si fuera producto de una moda y no de una convicción, como espera la mayoría de los dominicanos al momento de votar.
Una muestra de ello es que ahora el Gobierno dominicano, a través del presidente Luis Abinader, ha llamado a los partidos a sacrificarse para contribuir a reducir el impacto de la crisis económica que golpea al país y a gran parte del mundo, provocada por el conflicto en el Medio Oriente, donde el petróleo —principal insumo de la producción industrial— se ha convertido en uno de los blancos de ataque.
El sacrificio solicitado a los partidos políticos consiste simplemente en renunciar al 50 % de los recursos que recibirán del Estado para su financiamiento, que este año asciende a RD$1,620 millones.
Esa petición ha sido rechazada y atacada con toda clase de argumentos, incluidos los legales, alegando desventajas competitivas frente al partido de Gobierno y una supuesta debilitación de la democracia, cuyo costo ya resulta demasiado alto para los ciudadanos dominicanos que pagan impuestos.
La “democracia” dominicana sale muy cara. Los partidos políticos reciben el 0.50 % del presupuesto nacional en años electorales y el 0.25 % en los preelectorales.
Otro tema pendiente es el control y la transparencia en el uso de los recursos entregados a los partidos, que para muchos han servido, principalmente, para crear fortunas a favor de los “propietarios” de organizaciones políticas bisagra.
Es muy fácil permanecer pegado a la teta del Estado a través del presupuesto nacional sin realizar aportes significativos al desarrollo del país, ni invertir en la educación política de los jóvenes, como establece la Ley Electoral.
El sacrificio para enfrentar esta crisis internacional debe ser de todos. El Gobierno, los ciudadanos y los partidos políticos tienen que ceder para enfrentar unidos los malos pronósticos económicos derivados del conflicto en el Medio Oriente, en favor del bien común.
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