Santo Domingo Este._ El Partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que entre los años 2021 y 2024, el Gobierno del PRM emitió 318 decretos presidenciales asignando pensiones especiales, sin justificación legal, a 11,007 personas.
Explicaron que esas pensiones han generado un compromiso financiero anual al Estado de RD$3,925 millones, dijo Raúl Martínez, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de vicesecretarios y abogados de esta organización.
Sostuvo que el hallazgo fue hecho durante un estudio minucioso de todas las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo en dicho período, el cual evidenció una práctica «abusiva, discrecional y contraria al marco normativo».
Señaló que la Ley 379-81, que establece un régimen de pensiones y jubilaciones de los servidores públicos, limita este beneficio a quienes cumplen con los requisitos de edad y tiempo de servicio.
Según Martínez, actualmente hay violación a la normativa vigente, por lo que el monto destinado a estas pensiones sin sustento legal supera ampliamente el presupuesto asignado a varias instituciones clave del Estado.
«El gasto supera los RD$3,023 millones que recibirá el Ministerio de Trabajo en 2025, y también excede con holgura la asignación del Ministerio de Administración Pública, estimada en RD$2,714 millones», añadió.
Según la FP, la magnitud del dispendio es más evidente, cuando se compara con los recursos asignados a órganos constitucionales de alta relevancia. «El Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene previsto un presupuesto de RD$1,900 millones para el próximo año, mientras que la Cámara de Cuentas apenas alcanza los RD$1,524 millones, sostuvo.
Indicó que más allá del ámbito institucional, la denuncia adquiere mayor gravedad al contrastar el gasto en pensiones especiales con programas sociales y de salud, que impactan directamente en la vida de la población. Con el dinero destinado a estas pensiones, se podría financiar varias veces la detección y tratamiento del cáncer, que dispone de apenas RD$427 millones.
Asimismo, agregó, esta cifra supera con amplitud los fondos asignados a la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas, que apenas llegan a RD$1,052 millones, y los esfuerzos de salud materno-neonatal, que reciben RD$2,180 millones.
“Estamos ante un desorden fiscal disfrazado de política social, que crea privilegios irritantes y compromete recursos que deberían destinarse a sectores prioritarios”, denunció Martínez.
Advirtió que esta práctica no solo representa una amenaza para la sostenibilidad financiera del país, sino que refleja un preocupante orden de prioridades por parte del Gobierno.
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