La participación electoral ha sido tradicionalmente considerada uno de los indicadores más visibles de la salud de una democracia. ¿Pero, es tan catastrófico que muchos electores no se presenten el día de las elecciones ante las urnas, como advierten regocijados los anti-partidos?
Contrario a que hasta politólogos y analistas de los medios de comunicación han quedado atrapados en el pesimismo de la abstención, la ciencia política contemporánea ha demostrado que una disminución de la participación ciudadana en las elecciones no constituye necesariamente un síntoma de deterioro democrático.
En este sentido, el destacado politólogo italiano, Giovanni Sartori, explicó que la democracia moderna se fundamenta en la competencia política, el pluralismo y la existencia de instituciones capaces de garantizar la alternancia en el poder. Cuando esas instituciones adquieren estabilidad y legitimidad, las elecciones dejan de percibirse como una lucha existencial por la supervivencia del sistema y pasan a convertirse en un procedimiento ordinario para la renovación del poder.
Para el sociólogo alemán, Max Weber, “el proceso de racionalización de la vida política transforma gradualmente el liderazgo carismático en una autoridad legal-racional”. En las democracias maduras, los ciudadanos desarrollan mayor confianza en las instituciones y entienden que el funcionamiento del Estado no depende exclusivamente del resultado de una elección determinada.
De su lado, Joseph Schumpeter considera que la participación ciudadana consiste principalmente en escoger entre élites políticas competidoras. Una vez consolidadas las reglas del juego democrático, muchos ciudadanos consideran suficiente ejercer su derecho al voto de manera ocasional, sin involucrarse intensamente en cada proceso electoral.
Desde la ciencia política estadounidense, V. O. Key Jr., uno de los mayores especialistas en comportamiento electoral, sostuvo que la participación depende del contexto político, del grado de competencia entre los candidatos y de la percepción de que el voto puede producir cambios significativos.
Esta realidad puede observarse en numerosas democracias consolidadas como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Japón y varios países europeos, donde las tasas de participación suelen ser inferiores a las registradas durante procesos de transición democrática o en momentos de profundas crisis políticas. Ello no significa que estos sistemas carezcan de legitimidad ni que su democracia sea más débil.
La legitimidad de una elección no depende exclusivamente del porcentaje de participación. Desde una perspectiva jurídica y politológica, la legitimidad deriva, sobre todo, de que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para votar, que el proceso sea libre, transparente, competitivo, imparcial y que los resultados sean respetados por los actores políticos.
Una alta abstención solo afecta la legitimidad cuando es consecuencia de fraude, coerción, exclusión sistemática, violencia o falta de garantías democráticas. Si, por el contrario, responde a una decisión libre de ciudadanos que optan por no participar, constituye una expresión más del ejercicio de la libertad política.
En fin, cuando una democracia se consolida, como ocurre con la dominicana, el comportamiento electoral cambia. Las sociedades dejan de votar impulsadas por el temor de perder la democracia y comienzan a hacerlo dentro de una democracia estable.
La reducción de la participación, lejos de ser necesariamente una señal de crisis, puede reflejar precisamente la confianza de los ciudadanos en que las instituciones continuarán funcionando con independencia del resultado electoral. Ese es, paradójicamente, uno de los mayores logros de una democracia verdaderamente consolidada.
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