Los tapones en las grandes ciudades del país han dejado de ser un problema exclusivo de las horas pico. Hoy, el congestionamiento es prácticamente constante, especialmente de lunes a viernes, debido en gran medida a la limitada capacidad de las vías frente al creciente parque de vehículos, ascendente a más de 6.6 millones de unidades.
Sin embargo, más allá de esa realidad, hay un factor que agrava la situación: la falta de acción oportuna ante incidentes menores. Las autoridades responsables, como la Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre (Digesett) y el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito (Intrant), parecen no estar respondiendo con la rapidez y eficiencia que la situación exige.
Recientemente, fui afectado por un caso que ilustra este problema. Un vehículo averiado a la salida del túnel de la avenida Máximo Gómez, en dirección este-oeste, bloqueó un carril y provocó un tapón que paralizó el tránsito en el elevado de la avenida 27 de Febrero durante casi una hora.
Lo más preocupante fue la inacción: el vehículo, pequeño y liviano, pudo haber sido retirado rápidamente con la intervención de dos personas o con apoyo de agentes de tránsito.
El conductor, por su parte, también mostró falta de responsabilidad al limitarse a encender las luces intermitentes sin intentar despejar la vía. Esta combinación de negligencia ciudadana y pasividad institucional convierte incidentes menores en grandes congestionamientos.
En otra ocasión, un accidente leve en un paso a desnivel provocó un tapón que se extendía por varios kilómetros, mientras los conductores involucrados permanecían en el lugar “resolviendo” y obstruyendo el tránsito. En situaciones así, la intervención inmediata con una grúa debería ser la norma, no la excepción.
Por escenas como las descriptas, los ciudadanos pierden tiempo, aumentan su estrés y consumen combustible de manera innecesaria. En mi caso particular, el rendimiento del vehículo se redujo unos 15 kilómetros en un trayecto de apenas 2.7 kilómetros, algo que no ocurre cuando el tránsito, aunque lento, al menos fluye.
Esta realidad contrasta con el llamado del presidente Luis Abinader a fomentar el ahorro de combustible y la eficiencia energética en el contexto de la situación internacional. Una mejor gestión del tránsito contribuiría directamente a esos objetivos, bajaría el consumo innecesario y el impacto en las finanzas públicas y bolsillos de los ciudadanos. Reducir los tapones no depende solo de grandes obras de infraestructura. También requiere mayor conciencia ciudadana, protocolos de respuesta rápida ante incidentes y una actuación más eficiente por parte de las autoridades.
Resolver lo pequeño a tiempo puede evitar problemas mucho mayores. Por el bien común, es momento de actuar con responsabilidad y eficacia.
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