Vuelve el verdadero “eterno verano” a República Dominicana y, con él, reaparecen las dificultades históricas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para garantizar un servicio estable cuando más lo necesitan clientes y usuarios.
Cada vez que las temperaturas aumentan, también quedan expuestas las tareas pendientes de las distribuidoras para alcanzar la anhelada estabilidad del sistema eléctrico. El principal desafío sigue siendo lograr que cada dominicano pague la energía que consume, como ocurriría en un escenario ideal. Solo así podrán reducirse las pérdidas comerciales y técnicas que, en promedio, superan el 39 %.
Las EDE deben fortalecer sus mecanismos de supervisión. Resulta difícil justificar que miles de personas continúen hurtando energía a plena vista, pese a los operativos que algunas distribuidoras realizan en sectores residenciales, comercios e industrias para combatir las conexiones ilegales.
Otra asignatura pendiente es la selección de mejores aliados en las calles, donde se originan muchas de las incidencias que afectan los ingresos del sistema. Clientes y usuarios no deberían estar expuestos a las decisiones de técnicos contratistas que, en numerosos casos, priorizan “intereses particulares” sobre el cumplimiento de las normas. Una alternativa viable consiste en impulsar programas de capacitación para jóvenes técnicos electricistas y contratar a quienes demuestren mayores competencias y valores.
Esa estrategia debe complementarse con salarios dignos e incentivos vinculados a resultados reales en la recuperación de energía. Con medidas de este tipo, las pérdidas podrían reducirse de forma gradual y sostenible.
Asimismo, es indispensable que todo el consumo eléctrico residencial, comercial e industrial sea medido exclusivamente a través de equipos diseñados para ese propósito. Debe garantizarse que los servicios contratados no tengan dobles conexiones, una legal y otra ilegal, utilizados con frecuencia para alimentar equipos de alto consumo, como los acondicionadores de aire.
Incluso todos los ciudadanos de menores ingresos que reciben subsidios mediante Bonoluz deberían contar con medidores. De esa manera, el consumo cubierto por el beneficio estatal sería más controlado y se mantendría dentro de los límites establecidos y cualquier excedente tendría que ser pagado conforme a la tarifa vigente. Esa medida no solo fortalecería los mecanismos de control, sino que también promovería un uso más eficiente de la energía.
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