El Gobierno de Estados Unidos dispuso el cierre de la frontera que une a Del Rio (Texas) con Ciudad Acuña (México) para que la Patrulla Fronteriza pueda garantizar seguridad y protección ante la intempestiva llegada de 12 mil inmigrantes irregulares haitianos.
Ese grupo de indocumentados ha recorrido miles de kilómetros desde la selva entre Colombia y Panamá, el cruce por Centroamérica hasta esa franja fronteriza dividida por el Rio Bravo, con el anhelo de ingresar a territorio estadounidense en calidad de refugiados.
Esos 12 mil haitianos se perderían en la inmensa geografía de Estados Unidos o quizás se concentrarían en gettos negros de Nueva York, Florida o Los Ángeles, pero por alguna razón tan exigua cantidad de inmigrantes ha causado una crisis político migratoria en ese país.
El gobernador de Texas, Greg Abbott (republicano) ha dispuesto la suma de tres mil millones de dólares para la urgente construcción de un muro o verja en el lugar donde esos haitianos han levantado campamento a la espera de acceder al sueño americano.
La prensa estadounidense considera el episodio como una gran crisis migratoria, en tanto que el gobernador Abbott culpa al presidente Joe Biden por la tragedia, si llegar a entender que muchos miles de inmigrantes intentan ingresar por cualquier punto de la frontera. Pero este es un grupo en su mayoría de haitianos.
He ahí la doble moral que tanto pregona Washington y la comunidad internacional con respecto a Haití, cuyos inmigrantes son repudiados en Chile, Brasil, Colombia, Centroamérica, México, mientras en Estados Unidos creen que el color de su piel y su ancestral miseria son virus epidémicos.
La administración Biden ha hecho menos que nada para ayudar a Haití a sobrellevar su inmanejable crisis política, económica y social, ni aun después del asesinato del presidente Jovenel Moise, la ocurrencia de un terremoto, el paso de una tormenta y la afectación de la pandemia del coronavirus.
Los comités de Derechos Humanos de la OEA y la ONU han redactado miles de cuartillas sobre supuesto malos tratos infligidos a inmigrantes haitianos en República Dominicana, pero no se conoce una sola línea de denuncia sobre atropellos en otros territorios de Américas, incluido Estados Unidos, desde donde son deportados sin recibir asistencia jurídica ni de ningún tipo.
Cuando República Dominicana invoca su derecho de regular la inmigración irregular haitiana, Washington, Paris, Londres y otras metrópolis se colocan las manos en la cabeza, quizás porque temen que en sus fronteras se reedite la desgracia de Rio Grande.
Para poder manejar una inmigración de 12 mil haitianos, el gobierno estadounidense dispone el cierre de un puente fronterizo, coloca la Patrulla Fronteriza en máxima alerta y el estado de Texas autoriza tres mil millones de dólares para levantar un muro. Los xenófobos y racistas somos los dominicanos.