El Decreto 615-26, emitido por el Gobierno dominicano, constituye un paso importante al declarar de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental y colocar bajo especial atención las agresiones graves contra áreas protegidas y recursos naturales.
Durante años hemos visto cómo manos inescrupulosas destruyen bosques, extraen materiales de nuestros ríos, contaminan sus aguas y convierten recursos que pertenecen a todos los dominicanos en negocios particulares. Lo más preocupante es que, en ocasiones, estas acciones encuentran complicidad, tolerancia o protección.
Ya no bastan las advertencias ni los operativos ocasionales. El país necesita una aplicación firme de la ley, investigaciones profundas y sanciones ejemplares para quienes destruyen nuestros recursos naturales, pero también para quienes los encubren, los protegen o se benefician de esas actividades.
Los ríos no pueden seguir siendo tratados como minas a cielo abierto. Los bosques y las áreas protegidas tampoco pueden convertirse en patrimonio de unos pocos.
El Decreto 615-26 debe marcar un antes y un después. Quienes atenten deliberadamente contra el patrimonio natural de la nación deben responder ante la justicia, sin importar su poder económico, político o sus conexiones. Defender el medio ambiente no es un discurso: es defender la vida y el futuro de la República Dominicana.
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