El panorama de los excesos de la autoridad en la República Dominicana muestra una tensión persistente entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía, con denuncias que van desde el uso desproporcionado de la fuerza hasta irregularidades en el tránsito.
La Policía Nacional ha estado bajo la lupa por prácticas que organismos internacionales califican de violatorias a los derechos humanos.
Durante el 2025, se registraron al menos 170 muertes en supuestos «intercambios de disparos». Estos eventos son frecuentemente cuestionados por familiares que denuncian ejecuciones extrajudiciales.
Se han reportado casos de alto impacto, como el uso de pistolas eléctricas (Taser) contra ciudadanos en Jarabacoa y operativos donde civiles resultaron gravemente heridos por bombas lacrimógenas o disparos injustificados, hasta en medio de incautaciones violentas de bocinas.
Mientras que el Ministerio Público informó que más de 50 agentes fueron sometidos a la justicia en el último año por excesos en sus funciones.
Por el lado de la DIGESETT, entre 2024 y 2025 se registraron más de cuatro millones de multas de tránsito, lo que ha generado quejas sobre la posible arbitrariedad de algunas sanciones.
Ciudadanos denuncian frecuentemente la retención de vehículos (especialmente motocicletas) y la imposición de multas por infracciones desconocidas o inexistentes.
Se ha observado una tendencia creciente de altercados físicos entre agentes y civiles, atribuidos tanto al irrespeto a la autoridad como al carácter autoritario de algunos uniformados.
Frente a las quejas por excesos de la Policía Nacional y la DIGESETT, las autoridades dominicanas tienen la obligación legal y administrativa de actuar bajo mecanismos de control interno y justicia ordinaria.
La Dirección de Asuntos Internos de la Policía debe investigar las denuncias sobre mala conducta y ética policial, el Consejo Superior Policial debe aplicar el régimen disciplinario, que incluye desde amonestaciones hasta la baja deshonrosa.
Por último, si el exceso constituye un delito (como agresión física o abuso de autoridad), el caso debe ser remitido al Ministerio Público para una investigación penal independiente. Ojalá y con la designación del nuevo director de la Policía esos excesos puedan ir disminuyendo.
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