El empresariado nacional ha insistido y persistido con la eliminación, reducción o cambio de la cesantía laboral por el seguro de desempleo contemplado en la Ley de Seguridad Social (87-01).
Incluso, valiéndose de estrategias y de su fuerza social, los grandes empresarios han impedido la aprobación de la modificación del Código Laboral, sin la variación de la cesantía laboral a su favor y en detrimento de ese beneficio obtenido por los empleados dominicanos a sangre y fuego.
Ahora la defensa de esa pretensión del empresariado ha recaído sobre la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carmen Ligia Barceló, cuya curul fu otorgada por votantes de Hato Mayor, la mayoría de ellos parte de la fuerza laboral de esa provincia, a quienes también debe proteger.
El Gobierno del PRM, encabezado por el presidente Luis Abinader, se ha negado a la intención de modificar ese beneficio de los trabajadores.
Por su suerte, el PRM, con mayoría en el Congreso Nacional, no ha asumido la propuesta de su diputada Carmen Ligia Barceló. El vocero de esa organización en la Cámara de Diputados, Amado Díaz, declaró que la postura de la congresista no representa la posición del partido oficialista.
La cesantía laboral está entre los derechos adquiridos por los ciudadanos gracias a la lucha de grandes defensores nacionales e internacionales de la clase trabajadora, como el dominicano Mauricio Báez, quien fue desaparecido por su defensa a los trabajadores, el 8 de diciembre de 1950, en La Habana, Cuba.
La cesantía representa alrededor el 90% de los recursos recibidos por los empleados cuando son desvinculados de un empleo privado o de una institución estatal descentralizada.
El empresariado nacional alega que la cesantía laboral es un alto costo para sus empresas, y limita la competitividad de República Dominicana. Esos son argumentos muy flojos y carentes de empatía y humanidad hacia sus trabajadores.
Esperamos que el Gobierno continúe con su posición de no variar la cesantía, como pretenden de manera injusta el empresariado nacional, por el bien de la fuerza laboral de República Dominicana y su familia.
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