La aprobación por el Congreso de la extensión del estado de emergencia representa un respiro en el largo caminar de la población por innominados caminos del coronavirus donde cada paso representa un alto riesgo de agravamiento de la pandemia.
El retorno a la nueva normalidad para una sociedad como la nuestra, muy rezagada en indicadores humanos, sociales y económicos frente a otras como la escandinava, o potencias como Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, representa un enorme desafío que requiere de mucho sacrificio.
Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio se efectuarán al influjo del COVID 19, pues no hay a la vista ninguna receta que conjure esa epidemia antes de la fecha del sufragio, por lo que todos acudiremos a las urnas en ambiente de protección sanitaria.
Partidos y candidatos deberían asimilar el hecho cierto de que esta vez la campaña electoral prescinde de caravanas, mítines y marchas y que, por razones pandémicas, se circunscribe a pequeñas reuniones presenciales y al uso de medios de comunicación convencionales, redes y ha convocatorias virtuales.
Con o sin periodo de emergencia, el Gobierno está compelido, como ocurre en todo el mundo, a ejecutar programas de ayudas económicas, financieras o distribución de alimentos a poblaciones vulnerables y a trabajadores suspendidos, por lo que, si se ejecutan con efectividad, esas acciones reditúan provecho electoral.
En dirección contraria, como ha sido en otras naciones, si tales iniciativas están adobada de incompetencia, privilegio o exclusiones, se reflejarían negativamente en el escenario de la campana electoral, por lo que es posible decir que lo que es igual no es ventaja.
Un sector de la oposición política se opuso a la extensión del estado de emergencia bajo el criterio de que se conculcan derechos fundamentales a pocas semanas de la campaña electoral, sin entender que lo contrario sería colocar al país en riesgo de un rebrote de la pandemia, como ocurre hoy en Estados Unidos y Chile.
Otro litoral opositor enarbola la tesis de que el Gobierno y el partido oficial se benefician del periodo de restricción porque sus candidatos distribuyen alimentos y fumigación en horas de la noche, pero nunca promovieron algún acuerdo político para evitar o equiparar esa supuesta anomalía.
El escenario de concertación abandonado por liderazgos tradicionales fue ocupado por insurrectos coyunturales que lograron sus 15 minutos de gloria con la promesa del oficialismo de aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley toxico e inviable.
Lo que ha ocurrido en la Cámara Baja, obliga a la oposición a redireccionar su estrategia electoral y reflexionar sobre las razones, no por las cuales un candidato sube, sino porque los otros reducen.