Antes de la presentación del proyecto de reforma fiscal, La economía dominicana seguía su agitado curso por curvilíneos caminos de crecimiento y peligrosas pendientes de endeudamiento, a pesar de lo cual al torrente económico ingresan cerca de US$40,000 millones al año, suficientes para equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Las políticas aplicadas por el Banco Central y la Junta Monetaria, sumado a la fortaleza del sistema financiero, obran como garantía a la estabilidad macroeconómica, al mantener relativamente estables indicadores económicos básicos como tipo de cambio y control de inflación.
El incremento de la deuda del sector público no financiero, estimada US$57,596 millones, se erige ya como un riesgo de cáncer sobre la anatomía de la economía, al punto que el pago de intereses y amortización de capital sobre ese endeudamiento cubre más del 27% del Presupuesto General del Estado.
Un círculo vicioso se acentúa sobre la dinámica económica, consistente en un déficit fiscal (3% del PIB o cerca de 240 mil millones de pesos), incremento del gasto corriente y disminución de la inversión de capital, todo lo cual induce a un incremento del endeudamiento.
La reforma fiscal presentada por el gobierno procura recaudar el 1.5% del PIB, equivalente a RD$122,000 millones, lo que no reduciría significativamente el déficit fiscal, en razón de que los recursos obtenidos serían empleados en obras pre señaladas, por lo que el gasto se incrementaría casi en la misma proporción de los nuevos ingresos.
Se requiere armonizar ingreso, gasto e inversión en la ecuación de una reforma fiscal mejor ubicada entre lo ideal y lo posible o que esté impregnada de gradualidad, lo que también resulta complejo porque hasta ahora la ciencia no ha logrado mezclar agua y aceite.
El equipo económico del gobierno tendría que maniobrar para reducir al menos en un 1.0% del PIB, el gasto corriente, por vía de reducción de la nómina pública y de eliminación de egresos superfluo, como barrilitos, cofrecitos y nominillas, pero se admite que sería difícil desvincular a cien mil servidores estatales.
Por el lado de la inversión es historia distinta, con recursos disponibles para la construcción de hospitales, presas, canales de riego, autopistas, caminos vecinales etcétera, pero, esos recursos no deberían obtenerse sobre la base de inhabilitar al sistema productivo nacional.
Ojalá que el presidente Luis Abinader anuncie una reestructuración de ese proyecto a los fines de que garantice una fiscalidad integral, progresiva y equitativa, que armonice reducción y calidad del gasto con un sistema tributario eficiente, justo y gradual.
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