La decisión del presidente Luis Abinader de detener de forma inmediata el proyecto minero Romero no es un gesto improvisado ni un retroceso institucional, como algunos sugieren. Es, por el contrario, una señal clara de que el país comienza a definir límites en la gestión de sus recursos estratégicos.

Desde el sector empresarial, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargan, ha expresado preocupación por la medida, apelando a la necesidad de “resguardar procesos institucionales claros y basados en evidencia” y destacando el potencial de una minería responsable en la República Dominicana. El planteamiento merece respeto. Pero también exige precisión.

Porque la institucionalidad no se mide por la continuidad automática de los procesos, sino por la capacidad del Estado de tomar decisiones cuando un proyecto, aun en evaluación, revela incompatibilidades de fondo.

La Ley 64:00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales es clara: ningún proyecto de alto impacto puede ejecutarse sin licencia ambiental. Y más aún, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no obliga a aprobar, solo orienta. La decisión final sigue siendo del Estado, que debe ponderar no solo variables técnicas, sino también sociales y territoriales.

En el caso de San Juan, no se trata de cualquier territorio. Se trata de una zona clave para el sistema hídrico del sur, vinculada a la cuenca del río San Juan y a infraestructuras hidráulicas como Sabaneta, Sabana Yegua y Montegrande. En un país con serias limitaciones en almacenamiento de agua y alta vulnerabilidad climática, estas áreas adquieren una dimensión estratégica.

Aquí entra un elemento que algunos prefieren minimizar y es el rechazo social. La normativa ambiental dominicana reconoce la participación ciudadana como parte del proceso. Cuando ese rechazo es amplio, sostenido y coherente, como se demostró en la manifestación masiva del pasado domingo en San Juan, no puede ser ignorado sin erosionar la legitimidad de cualquier decisión futura.

La empresa GoldQuest Mining Corp., que se encontraba en fase de preparación de un nuevo EIA, no contaba con licencia de explotación. Esto es clave. Sin licencia, no hay derecho adquirido. Hay una expectativa sujeta a evaluación. Y esa evaluación puede concluir, como en este caso, que el proyecto no es viable.

Existe el riesgo de una controversia internacional? Sí. Pero ese riesgo no invalida la potestad del Estado. La práctica arbitral reconoce el derecho soberano de regular en materia ambiental, siempre que las decisiones sean motivadas, proporcionales y no discriminatorias.

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La decisión del presidente Abinader de suspender las actividades mineras vinculadas al proyecto Romero no debería leerse como reacción ante una protesta. Habrá quien quiera reducir el tema a una disputa con ganadores y perdedores, pero eso sería un desperdicio.

Este caso tiene una riqueza que muy bien vale aprovechar a modo de gran lección pública: cuando una comunidad sostiene con claridad su causa, se organiza y defiende bienes comunes, puede hacerse escuchar.

San Juan comenzó a tiempo su reclamo. No salió a la calle por impulso. Desde las marchas de 2022, la Caravana Ecológica por el Agua y la Vida y las movilizaciones hacia la presa de Sabaneta, el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida llevó el debate a su terreno. La pregunta no era cuánto podía rendir una concesión. La pregunta era quién tiene derecho a decidir sobre las fuentes de agua de un territorio que vive de sembrar.

Los discursos

GoldQuest ha sostenido que el proyecto cuenta con evaluación ambiental y criterios técnicos. La comunidad plantea algo que ningún expediente resuelve por sí mismo: cuando se toca la cabecera de un río, la decisión no cabe entera en un permiso. La técnica ayuda. Pero también hay que mirar quién firma la autorización y quién se queda con el daño que pueda llegar.

En este caso, las redes hicieron su parte. Ayudaron a mostrar caminatas y a subir videos que rompieron el cerco de silencio que muchas veces pesa sobre la gente sencilla. También pudieron servir para lo contrario: inflar versiones y volver confuso lo que ya era delicado. Pero en San Juan cuidaron que la defensa del agua fuera más que simple indignación. Procuraron acciones revisables y una palabra capaz de sostenerse cuando bajara la emoción.

Otra lección clave, además de muy útil para la democracia, la aporta el movimiento sanjuanero: la transparencia. El Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida celebra y agradece al presidente, pero también quiere pasar de la consigna bonita a la prueba. Por eso pide un decreto y reclama la salida de los equipos instalados en Hondo Valle. La confianza no nace de un discurso. Nace cuando se pasa del dicho al hecho.

El caso también advierte contra dos salidas fáciles. Una es convertir todo desacuerdo en guerra y pintar al otro como enemigo absoluto. La otra es esconder los conflictos públicos detrás de informes y permisos, como si la gente molestara. San Juan enseña un camino más serio: diálogo desde el territorio y garantías concretas.

Aquí resuena Popper. Una sociedad abierta no se cuida con gente callada, sino con personas capaces de defender sus razones. También cabe recordar a Sartre: cada elección nos compromete. San Juan eligió defender el agua. El Gobierno eligió atender una presión que ya no podía tratar como ruido. Ahora falta que el anuncio se convierta en garantía y que la cohesión social se mantenga.

Comunicación para el cambio

Desde la comunicación para el cambio social, esta experiencia deja otra lección. Las comunidades no son simples receptoras de mensajes. También producen saber público. Jesús Martín-Barbero insistía en mirar las mediaciones, esos lugares donde la comunicación se mezcla con la vida real. En San Juan, el mensaje no salió de una oficina de imagen. Salió del campo y de entender el valor del agua.

Todavía más: el anuncio presidencial agrega valor si se aprovecha para actualizar nuestra democracia. No basta suspender; hay que explicar, documentar y dejar constancia jurídica. Lo ocurrido en San Juan muy bien puede aprovecharse para crear canales permanentes para que los territorios participen antes de que el conflicto estalle. La gobernanza ambiental exige anticipación, acceso a información y respeto por el arraigo local.

La lección de fondo es ética. La tecnología ayuda a visibilizar causas, pero no sustituye la organización. La información combate rumores cuando termina en documentos. La democracia corrige rumbo cuando la ciudadanía insiste y el gobierno acepta rectificar.

San Juan tiene alto valor agrícola. Dicen que también guarda riqueza bajo la tierra. Pero acaba de mostrar su principal riqueza: un valiosísimo capital social decidido a defender su camino. Y también recuerda algo elemental: la democracia vive mientras los mandantes hablan y los mandatarios escuchan.

info@nestorestevez.com 

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