¿A dónde se dirige el mensaje que el Gobierno envía con la conversión en ley un santiamén del Plan Anticrisis?. Esa es una interrogante que oscila entre lo difícil y lo fácil de descifrar según el color del cristal político o económico a través del cual se observe la trayectoria y aterrizaje de tan sorprendente estrategia oficial.
Se diría que esa celeridad estuvo asociada a la gravedad de la crisis fiscal derivada del aumento en los precios del petróleo, pero cuando esa iniciativa se aprobó en el Congreso, el barril del crudo bajó de más de US$90 a US$76 como resultado de la firma del memorándum de paz entre Estados Unidos e Irán.
Hace más de tres meses cuando Washington y Tel-Aviv iniciaron los bombardeos contra Irán y se cerró el estrecho de Ormuz, el equipo económico oficial dijo que la economía dominicana exhibiría resiliencia ante los efectos globales de ese conflicto, un buen mensaje de aliento y optimismo a los agentes económicos.
De decir que “estamos ocupados pero no preocupado”, se pasó a advertir que el alza en el precio del petróleo, de un promedio de US$57 el barril a más de cien dólares, no podría ser solventada a través de subsidios a la comercialización interna de los combustibles, por lo que se requería de algún reajuste fiscal.
En principio se dijo que el gobierno gestionaría unos RD$40,000 mil millones por el lado del gasto, a través del ahorro en las compras de vehículos, viáticos, eliminación y readecuación de otras partidas, pero se requería también de incrementar el ingreso público entre 40 mil a 50 mil millones de pesos.
Fue en ese contexto que el ministro de Hacienda, Magín Díaz, anunció el Plan Anticrisis, un proyecto despojado del membrete “Reforma Fiscal”, aunque conlleva aplicación, incrementos y reducción de impuestos, pero se dijo que esa iniciativa procura evitar un colapso fiscal.
Aprobar y promulgar ese proyecto de ley en menos de lo que pestaña un pollo provocó extrañeza porque después del acuerdo de paz entre Washington y Teherán habría desaparecido la urgencia y se podría modificar esa pieza para para restarle tanta gravitación sobre el índice de inflación
Aun así, en el Congreso hubo tiempo para modificar el Plan Anticrisis y reducir el impuesto consignados a los juegos de azar, pero no así para ampliar el monto salarial incluido en la indexación fiscal, ni para liberar del anticipo a pequeñas y medianas empresas.
Las grandes empresas pagarán un aumento del ISR de un 27% a un 30%, sin objeción porque transferirán ese tributo a los consumidores o quizás porque se consideren recompensados con la no aprobación del Código Laboral para poder sujetar la figura de la cesantía. Por ahí camina el mensaje.
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