El ilimitado desprecio colectivo hacia el infame agente policial que le arrebató la vida al joven de 19 años Darlin Mercado, no tiene clase social ni color partidario. Se trata de un hecho doloroso e inaceptable, que obliga a expresar solidaridad sincera con los familiares de este joven, que todos en el barrio calificaron como ejemplar, así como a exigir una investigación rigurosa, sanciones ejemplares y compromiso de tomar medidas para que no se repita.
Nadie ha negado que la respuesta institucional ha estado a la altura de la gravedad del caso, como lo comprueba el hecho de que el agente señalado fue apresado de inmediato y sometido a la justicia, como demostración de que ningún uniforme puede servir de protección frente a la ley.
Sin embargo, la tragedia también ha sido objeto de una indebida instrumentalización política por parte de los dos principales partidos de oposición. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como la Fuerza del Pueblo (FP), han hecho campaña con esta desgracia, descalificando al Gobierno, sin ofrecer una propuesta concreta que contribuya a prevenir nuevos abusos o a fortalecer la seguridad ciudadana. Sin duda, quienes instrumentalizaron este crimen bestial quedaron al descubierto frente a los dominicanos de buena voluntad.
La crítica es legítima en democracia, pero la ausencia de autocrítica y de alternativas, no. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo tienen una responsabilidad histórica en el deterioro institucional de la Policía Nacional, como lo demuestra el hecho de que durante los gobiernos encabezados por Leonel Fernández, hoy líder y candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, se acumularon doce años de administración sin que se impulsara una transformación estructural de la institución policial.
Distinto a los referidos partidos opositores, que postergaron la reforma durante décadas, el presidente Luis Abinader ha asumido con responsabilidad y determinación la transformación de la Policía Nacional. Esto explica su profunda indignación ante este hecho abominable.
Entre los avances del Gobierno de Abinader se encuentra el incremento de la remuneración de los agentes, entre ellos los de menor rango, que pasaron de salarios de 8,000 pesos a ingresos cercanos a 500 dólares mensuales. Esta mejora no resuelve por sí sola los problemas de la institución, pero constituye una condición indispensable para exigir mayor preparación, disciplina, transparencia y compromiso con el servicio público.
En Latinoamérica
Las experiencias latinoamericanas confirman que las reformas policiales requieren tiempo, continuidad y voluntad política. Colombia avanzó durante décadas en la profesionalización y modernización de su Policía Nacional, con resultados importantes en capacidades operativas, aunque todavía enfrenta retos graves.
Chile desarrolló una institucionalidad policial con formación especializada y sistemas de carrera que se consolidaron durante largos períodos, aun cuando los desafíos recientes han obligado a revisar sus protocolos de uso de la fuerza. Mientras que en Uruguay los procesos de modernización, control civil y profesionalización también han requerido reformas sucesivas y sostenidas.
No podemos ignorar que la Policía Nacional arrastra, además, el peso de su origen histórico. Fue fundada en 1936, durante la sanguinaria dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, nació bajo una lógica de control político y de preservación del poder, no como una institución plenamente orientada al servicio ciudadano. Superar esa herencia autoritaria exige una transformación cultural, doctrinal y operativa que necesariamente toma años.
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