La Ley de libre acceso fue concebida para facilitar el flujo la información de interés público y daba vías administrativas para obligar a quienes se resistían a ofrecerlas.
Sin embargo, funcionarios se han dado a la tarea de utilizar ese importante recurso para obstruir la labor informativa de los periodistas profesionales y para cualquier tipo de información requerida se acogen al camino de excepción concebido por la ley.
Informaciones altamente triviales requeridas por medios periodísticos reciben como respuestas: “hacer una carta y remitirla al departamento de libre acceso a la información pública para suministrarla en el plazo que manda la ley”. Muchas veces se trata de un simple dato de fácil acceso para el funcionario responsable o sus mal llamados departamentos de comunicaciones, pero prefieren obstruir el trabajo de los medios periodísticos.
La razón fundamental de esta actitud es la “hipersensibilidad” o como forma de “castigo” a periodistas que cuestionan.
Citamos esta práctica para sólo hacer mención de una que en los últimos meses se suma a otras que, sin dudas, encaminan a la República Dominicana a desmontarse del lugar cimero que había alcanzado en respeto a la libertad de prensa en América.
Nos consta que para el presidente Luis Abinader la transparecencia y respeto a la libertad informativa forman parte de su esencia, pero también nos consta que muchos funcionarios no actúan en consecuencia.
Deben entender esos servidores públicos que la Ley de libre acceso a la información pública busca agilizar el flujo informativo y que ellos se ponen del lado oscuro de la democracia al tergiversarla para usarla como obstáculo para el ágil ejercicio del periodismo profesional.
Nos permitimos reproducir el editorial del periódico eldia correspondiente al lines 24 de junio de 2024
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