Santo Domingo Este._ El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) salió al frente a la denuncia del abogado Miguel Surún Hernández, quien acusa al ministro Deligne Ascensión de cometer graves irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de la autopista de San Isidro.
El viceministro de MOPC, Roberto Herrera, calificó de irresponsable, aventurera y perniciosa la denuncia de Surún Hernández, y que «sus declaraciones tienen un propósito evidentemente politiquero».
Asimismo, Herrera dijo que el presidente del Colegio de Abogado desnaturaliza con engañosas afirmaciones, falsedades jurídicas y técnicas, el proyecto de mejoramiento de las principales avenidas de Santo Domingo Este que lleva a cabo Obras Públicas.
Expresa que ese proyecto de mejoramiento abarca la avenida Rafael Tomás Fernández Domínguez, que conduce a la Base Aérea de San Isidro, y también la extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto de Caucedo, y la prolongación de la avenida Hípica hasta la carretera Mella.
Sobre los señalamientos de violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas y acusaciones al ministro de haber otorgado al margen de la legislación, el contrato que sustenta sus construcciones, dijo que el original data del 2001, y fue suscrito bajo el registro 233-2001 y/o 233-2001.
Denuncia de la Fundación Primero Justicia
El presidente del Colegio de Abogados, de la Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel García Mejía, depositaron una querella ante el PEPCA en contra de Deligne Ascensión, acusado de cometer graves irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de la autopista de San Isidro.
Surun Hernández denunció que la ampliación de la autopista de San Isidro fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que la construcción de dicha obra tiene más de 600 millones de pesos en sobrevaluación.
La Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel García Mejía explicaron en la querella que la constructora Cogusa SRL también varió el diseño original de dicha autopista, adicionándole una marginal y un muro que elimina los retornos, reduciendo los carriles de 6 a 4, cerrando el acceso a los comercios y residenciales, incluyendo el cierre de varias calles, trastornando el tránsito y la vida de los residentes y de cientos de Comerciantes de la zona, quienes se encuentran condenados a la quiebra por el cierre de accesos a sus negocios, según los denunciantes.
Explicaron que otra gravedad en el proceso es que dicha obra no ha sido autorizada por la Alcaldía de Santo Domingo Este, por lo que el ministro de Obras Públicas ha incurrido en los crímenes de prevaricación, usurpación de funciones, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal.
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