Como era de suponerse, nadie pagará penal ni económicamente por los daños, hace ya 11 días, en los alrededores del Congreso Nacional, durante los actos vandálicos escenificados por un grupo que, comandados por el diputado reformista Pedro Botello, demandaban la entrega del 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores.
Las pruebas que alegadamente se tienen, y por las cuales se llevaría a juicio disciplinario al diputado Botello, porque supuestamente lo implican seriamente, quedaron, como dice el dicho popular, en «na e na».
Se dijo que en el hecho bochornoso hubo premeditación. Que se tienen los videos donde se ve quién lanza las piedras, así como filmaciones en Redes Sociales de gente diciendo que iba a la protesta con sus armas de reglamento, mientras tomaban piedras.
Los manifestantes destruyeron vidrios a varios vehículos de diputados estacionados en el parqueo y dentro del edificio, la agresión también fue dirigida agentes de la Policía que custodiaban las entradas del Congreso Nacional.
Ni el rechazo nacional que ha recibido esta acción vandálica ha motivado una investigación o la debida sanción penal por parte de la Cámara de Diputados, la Policía o el Ministerio Público, enviando un mensaje equivocado sobre el respeto que debe prevalecer ante el organismo donde se discuten y aprueban las leyes del país.
Lo sucedido el pasado 28 de octubre, frente al Congreso Nacional, solo favorece a los pasados candidatos a cargos electivos que aún sabiendo, desde el primer momento, que no se entregaría el 30% de los fondos de pensiones, lo tomaron como recurso de campaña para no gastar un centavo, como es el caso del diputado reformista Pedro Botello.
Les favorece la acción vandálica, porque la pueden utilizar como excusa para poner fin a una lucha que sabían no tendría final feliz, pero que estaban obligados a llevarla hasta aquí, por la necesidad de mantener viva las esperanzas de gente que les acompañó en campaña y por el remordimiento de que una vez más han engañado su pueblo.