De EFE
Madrid.– El cantante Julio Iglesias presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de España contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por una presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor y a la intimidad personal. En la acción judicial solicita una indemnización de 50.000 euros por daños morales.
La demanda surge por declaraciones realizadas por Díaz en enero pasado en la red social Bluesky y en el programa La Hora de la 1, de RTVE, donde hizo referencia a denuncias de dos exempleadas de las propiedades del artista en el Caribe por supuestos abusos laborales y sexuales. Dichas denuncias fueron archivadas en España por falta de competencia judicial.
Reclama retractación pública
El documento judicial solicita que la vicepresidenta reconozca que sus manifestaciones constituyeron una intromisión ilegítima en el honor del artista, se retracte públicamente y asuma el pago de la indemnización, además de las costas del proceso.
La acción legal se produce después de que Díaz rechazara retractarse durante un acto de conciliación celebrado a finales de mayo, paso previo a la presentación de la demanda ante el Supremo, tribunal competente por el aforamiento de la funcionaria como integrante del Gobierno español.
Otras acciones judiciales
De manera paralela, Julio Iglesias también interpuso una querella en los juzgados de Madrid contra varios periodistas de eldiario.es, incluido su director, Ignacio Escolar, por presuntos delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. El artista sostiene que las publicaciones contenían afirmaciones falsas y ofensivas que perjudicaron su imagen pública y reputación.
Las denuncias originales fueron presentadas por dos exempleadas, quienes acusaron al cantante de presuntos delitos relacionados con trata de personas para trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos laborales.
Investigación archivada
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la investigación en enero al determinar que la Justicia española carecía de competencia para investigar los hechos, ya que estos presuntamente ocurrieron en varios países del Caribe.
Las acusaciones fueron difundidas inicialmente por eldiario.es y Univisión Noticias, medios que publicaron testimonios de las exempleadas sobre supuestos abusos laborales y agresiones sexuales. El archivo de la causa en España respondió a cuestiones de competencia jurisdiccional y no constituyó un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones. EFE
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