En los últimos 45 días, han aumentado los intentos de extorción a través de llamadas telefónicas o medios digitales, a tal punto que hasta esta redacción llegan manifestaciones de preocupación y desespero, porque lo han intentado varias veces a una misma persona. Otros casos han sido virales en las redes sociales.
Partiendo de datos ofrecidos hace poco por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), de que el 90 % de las llamadas fraudulentas se originan desde las cárceles, se deduce entonces que los casos en cuestión salen de los recintos carcelarios del país.
A través de esas llamadas, los delincuentes intimidan a ciudadanos y exigen dinero o beneficios a cambio de no causarles un perjuicio, operan con cómplices fueras de las cárceles que facilitan la obtención de recursos para financiar sus actividades ilícitas.
Mientras no se sabe nada del otro reciente anuncio oficial, para contrarrestar este delito. Un plan piloto de Guido Gómez Mazara que, inexplicablemente iniciaría en una cárcel de Higüey, cuando el gran precedente de estafas es la cárcel de La Victoria.
Gómez Mazara habló de mejora en los inhibidores de señal, pidió la colaboración de la ciudadanía para denunciar, y el desarrollo de tecnologías alternativas para que los reclusos no puedan comunicarse y delinquir desde las prisiones.
A la vista de todos, las cárceles siguen funcionando como centros de operaciones del crimen digital, caldo de cultivo para el cultivo para la corrupción, el tráfico de influencias y la conexión con bandas de las calles. Y el uso de teléfonos celulares ha sido el arma perfecta.
Solo queda seguir pidiendo a las autoridades, ejecutorias serias, reales y coordinadas para articular medidas que frenen y mitiguen este flagelo y a la ciudadanía que siga denunciando esos intentos de extorción, no ceder a las demandas de los extorsionadores y no pagar.
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