Santo Domingo._ Estados Unidos sigue considerando a República Dominicana como un país con trabas para la inversión extranjera, pese a las medidas implementadas por el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader.
La corrupción en el Gobierno, incluido el Poder Judicial, continúa limitando las inversiones exitosas, según un “Informe sobre el clima de inversión en 2020 en República Dominicana” publicado por el Departamento de Estado.
“Los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes”, señala.
Alega que “las quejas incluyen acusaciones de corrupción generalizada; solicitudes de sobornos; retrasos en los pagos del Gobierno; aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente, y procedimientos atípicos en la valoración en aduana y la clasificación de las importaciones”.
El documento señala que la República Dominicana es uno de los principales receptores de IED en el Caribe y Centroamérica, y que “a pesar de los impactos macroeconómicos negativos de la pandemia, los indicadores internacionales de competitividad y transparencia” se mantuvieron estables.
Resalta que el FMI y el Banco Mundial proyectan un crecimiento de la República Dominicana para 2021 de 4.0 al 4.8%».
Señala que además de los incentivos financieros, la membresía del país en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana (CAFTA-DR) es una de las mayores ventajas para los inversionistas extranjeros.
Respecto al presidente Luis Abinader, dice que “al asumir el cargo con promesas audaces de frenar la corrupción, el Gobierno arrestó rápidamente a una gran cantidad de funcionarios de alto nivel de la administración anterior implicados en la corrupción, personas que bajo gobiernos anteriores se habrían considerado intocables”.
“Queda por ver si Abinader cumplirá compromisos más complejos, como reformas institucionales para promover la transparencia o una reforma del sector eléctrico que se retrasó durante mucho tiempo”, señala.