¿Qué significación tiene un déficit fiscal en cualquier estado? Sencillamente, que el gobierno que maneja ese estado quedó debiendo. En otras palabras, que sus gastos fueron superiores a sus ingresos.
Ante esta situación, el gobierno está compelido a pagar para poder seguir operando. Esto es, tiene que pagar a sus acreedores para que éstos le sigan supliendo.
En este sentido, el gobierno tiene cuatro alternativas para conjurar el déficit fiscal, con el agravante de que todas tienen efectos negativos para la actividad económica.
1) Aumento de los Impuestos: si el gobierno elevase los impuestos, disminuiría el ingreso de la sociedad, y provocaría una merma en el consumo. Y como el consumo es una variable de la demanda agregada, también bajaría la demanda agregada y ocasionaría una disminución del empleo y la producción. A su vez, si incrementase el gobierno los impuestos, los beneficios empresariales se reducirían, lo que impactaría negativamente en las inversiones. Y como la inversión es una variable de la demanda agregada, provocaría que ésta también se reduzca, bajando, al mismo tiempo, el empleo y la producción.
2) Disminución del Gasto Público: el gasto del gobierno es un componente de la demanda agregada calculada por el enfoque del gasto, por consiguiente, si el gasto bajase, también lo haría la demanda agregada y, si la demanda agregada se redujese, por esta vía bajaría también el empleo y la producción.
3) Incremento de las Emisiones Monetarias: si el gobierno para enfrentar su déficit recurriese al Banco Central para obtener recursos, provocaría un aumento de la oferta monetaria y, en consecuencia, atizaría el fenómeno de la inflación y sus secuelas de pérdida del poder adquisitivo y disminución de la calidad de vida de los ciudadanos.
4) Concertación de Deuda Pública: cubrir déficits fiscales a través del aumento de la deuda pública, conllevaría a un agravamiento del déficit, cuando el servicio de la deuda comenzase a generar presiones sobre el presupuesto público, porque como dice el pueblo: «todas las fechas se cumplen»
Ahora bien, esa última es la alternativa que los gobiernos del 2008 a la fecha, han escogido para encarar un presupuesto deficitario. Sólo para este 2018, se requerirán más de 175,000 millones de pesos en préstamos. De ahí, las advertencias, tanto interna como externa, y de distintas instituciones, incluyendo el FMI, de que el país debe abocarse a una reestructuración de su sistema impositivo, haciéndolo más equitativo, menos indirecto y menos regresivo. Al mismo tiempo, más orientado a fomentar la producción y el empleo. A su vez, un proceso de saneamiento del gasto público que implique más priorización, más transparencia, más equidad y, por ende, menos favoritismo.
Ya República Dominicana ingresó a la zona de peligro. Es un círculo vicioso entre déficit público y deuda pública. Cada vez se hace más inmanejable una deuda pública que con el déficit cuasi-fiscal está bordeando el 50% del PIB. Ya comienza a ralentizarse la actividad económica. Esas señales presagian que más temprano que tarde habrá que reestructurar nuestro sistema impositivo y de gasto.
Un presupuesto público debe ser un instrumento de desarrollo. Debe basarse en los principios de Equidad y la Capacidad de Pago de los agentes económicos. Y debe estructurarse con realismo, esto es, que lleve en sus entrañas la advertencia de nuestros ancestros: «arroparnos hasta donde la sábana alcance».