La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, dictó medidas coercitivas contra varios jóvenes involucrados en lo que el Ministerio Público denomina el caso Camaleón, donde hubo un oscuro contrato que involucra una suma ascendente a 1,317 millones de pesos. A los imputados se les atribuye desfalco, falsificación de documentos, lavado de activos, robo de identidad, asociación de malhechores, crimen de altas tecnologías, terrorismo, sabotaje y contrabando.
Tres de los siete acusados recibieron una sentencia preventiva de 18 meses de prisión. Ellos son: Hugo Beras, antiguo director de Intrant, Jochy Gómez, supuesto propietario de varias empresas, y Pedro Pedovani, quien fue encargado de Control de Tráfico en la institución que regula la circulación vehicular.
Casos aislados
Casos de corrupción como el presente han ocurrido muchos en el Estado Dominicano durante las últimas décadas, sin que se registre régimen de consecuencia, por lo que pasaban a formar parte de la impunidad judicial. Ha sido con el presente Ministerio Público que la corrupción gubernamental, en casos aislados –porque la verdad es que se pueden contar–, ha sido sancionada de conformidad a nuestras leyes y al obsoleto Código Penal.
Una de las razones que motiva a funcionarios públicos a la comisión de actos dolosos, entramados mafiosos y otros delitos es la tradicional impunidad, pero también el afán de lucro desmedido que arropa a nuestra población. Un alto porcentaje de los designados en cargos de relevancia, consideran esos decretos como la oportunidad de oro para el enriquecimiento ilícito.
Piensan que no pueden desaprovechar el momento de dotarse de miles de millones de pesos (los cuales suelen lavar), tener villas, mansiones, yates, helicópteros y amantes hermosas.
Se trata de un cúmulo de bienes que no tienen forma de justificar, por no haber recibido herencia económica, nunca haber manejado empresas, no haber jugado béisbol en Grandes Ligas ni haberse sacado sorteo de la Loto. De todas maneras, esa fortuna mal habida sale a relucir de alguna forma. Y algunos antiguos funcionarios, de manera imprudente, estrujan en la cara a los demás ciudadanos sus excesivas propiedades, lujos, placeres y vida de francachela.
Y como en nuestra sociedad impera una preocupante inversión de valores, a esos vulgares ladrones les dicen “don”, “doctor” o “ingeniero”, pese a que en algunos casos se trata de individuos de baja escolaridad.
Desde la óptica del suscrito, el problema de la corrupción pública no se erradica con sanciones judiciales ejemplarizantes, como la que acabamos de observar con respecto al caso “Camaleón”. Es un paliativo importante, naturalmente, pero hay que irse al combate a la raíz de la corrupción en todas sus manifestaciones, que descansa en el afán de lucro y la vida fácil, que afectan a un amplio segmento de los jóvenes de nuestra sociedad.
Hace décadas que las butacas universitarias están ocupadas por un 65% de damas y a ninguna institución se le ha ocurrido realizar una investigación para establecer los elementos causales de ese caso. El hecho es que los jóvenes de sexo masculino dejaron de ver los estudios como medio para escalar socialmente. Y en los barrios de todo el país abundan los famosos “ni ni” (que no estudian ni trabajan), pero tienen los mejores celulares, tenis de marca y hasta vehículos de motor. ¿Cómo lo hacen?
Es un problema serio en término de ausencia de educación y conciencia sobre conducta moral. Para colmo, de forma inexplicable, excluyeron “Moral y Cívica” como asignatura de la educación básica, sin que ninguna autoridad del Ministerio de Educación haya dado una explicación. Es como para que acabemos de j… más rápido.
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