De AGENCIAS
Washington.- Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Joe Biden, se ha mostrado más favorable al diálogo como una opción para solucionar la crisis de Venezuela, pero se reserva las sanciones de la era de su antecesor, Donald Trump, como opción para mantener al Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la mesa de negociaciones.
Las sanciones, que Washington empezó a aplicar en 2015 y que se multiplicaron durante la Administración de Trump (2017-2021), han alcanzado a Maduro, su círculo más cercano y a funcionarios y entidades como la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de la que depende gran parte de los ingresos venezolanos.
Esta política, liderada por EE.UU. y replicada por Canadá y la Unión Europea, ha reducido la capacidad de maniobra financiera del Gobierno de Venezuela, un país ya golpeado por una crisis económica y política cocinada al calor de la caída de los precios del petróleo, que desde 2014 están por debajo de los 100 dólares por barril.
Maduro ha aceptado acudir al diálogo que comenzó el pasado día 13 en México con las sanciones entre las principales prioridades de su agenda.
Estados Unidos, apoyado por sus aliados, ha abierto la puerta a revisar las sanciones, pero ha supeditado cualquier cambio en ese sentido a “avances significativos” en estas conversaciones, posteriores a las de 2019 en Noruega y Barbados y las de 2018 en República Dominicana.
Y es que si bien los contactos entre Maduro y la oposición tendrán esta vez como testigo en la Casa Blanca a Biden, quien llegó al poder en enero pasado, la política de Washington hacia Caracas no ha variado apenas respecto a la de Trump.
“La arrogancia de Washington es estructural, no importa quién esté en la Casa Blanca”, se quejó recientemente en Twitter el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, al rechazar por “ilegales y criminales” las sanciones estadounidenses.