Los chinos se han adueñado de una parte importante del comercio nacional, principalmente en el Gran Santo Domingo, donde sus tiendas por departamentos y pica pollos “crecen como las verdolagas”.
Una muestra de la expansión de los negocios chinos en el país es que, en los últimos años, las importaciones desde esa nación asiática hacia la República Dominicana han rondado los US$5,000 millones anuales.
Pese al pataleo de empresarios dominicanos, quienes atribuyen a los negocios asiáticos una supuesta competencia desleal, las tiendas chinas continúan multiplicándose cada día.
Este apoderamiento comercial ha servido como aliciente para que consumidores adquieran productos a precios más bajos, sin cuestionar su baja calidad en comparación con los elaborados en otras naciones.
Como ya los chinos son una realidad dentro de la economía dominicana, las autoridades deben continuar “apretándoles las tuercas” para que se ajusten a la legalidad: contratación de dominicanos con los beneficios establecidos en el Código de Trabajo, pago correcto de impuestos y construcción de locales comerciales que cumplan con los parámetros de seguridad exigidos por la ley.
Los subterfugios atribuidos a algunos comerciantes chinos incluyen la contratación de empleados extranjeros en condición migratoria irregular, como haitianos y de otras nacionalidades y la negativa a aceptar pagos con tarjetas, supuestamente para evitar ser rastreados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), aunque ellos califican estas denuncias como “rumores”.
Esas prácticas pueden reducir las oportunidades laborales para los dominicanos y atentar contra las recaudaciones del Estado.
Recientemente, la representante de los empresarios chinos, Jessica Peng, atribuyó la baja contratación de empleados nacionales a que “el dominicano no quiere trabajar”. En pocas palabras, nos tildó de vagos.
Entiendo que los dominicanos no se niegan a trabajar; lo que rechazan son empleos sin condiciones dignas, sin salarios justos ni los beneficios establecidos en el Código de Trabajo y el sistema de seguridad social.
Para la tranquilidad de los propietarios de negocios chinos, no basta con negar incumplimientos a las leyes y normas del país. Deben presentar cifras reales y verificables sobre su aporte a las recaudaciones fiscales, más allá de acciones de responsabilidad social limitadas a donaciones que rondan los RD$50 millones.
Como todos los extranjeros, los empresarios chinos son bienvenidos a invertir en este país, pero cumpliendo las reglas del juego, garantizando una competencia justa, equilibrada y sana para todos.
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