Las empresas distribuidoras de electricidad del Este y la del Sur (Edeeste y Edesur) realizan jornadas de persecución del fraude y normalización del servicio en varias zonas de su área de concesión, principalmente en comercios con consumo medio.
Con esa acción demuestran que están dispuestas a recuperar esas distribuidoras, que, junto a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), acumulan pérdidas por encima del 45%.
Es una buena medida porque no podemos continuar subsidiando el sector eléctrico con alrededor de US$1,500 millones anuales, por su ineficiencia y falta de gestiones comerciales.
Por ejemplo, en operativos conjuntos entre Edeeste y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pegase) fue detectado un supuesto fraude eléctrico en la fábrica de hielo Agua Andina, ubicada en la Charles de Gaulle, y otro en un consultorio dental de la provincia La Altagracia. Además, esa empresa detectó más de 500 conexiones ilegales en el sector Los Mameyes, de Santo Domingo Este.
Por su lado, Edesur ha realizado en los últimos días jornadas de detección de conexiones ilegales y normalización del servicio en varios sectores de Pedernales, Barahona, Independencia y Bahoruco.
Pero los fraudes deber ser llevados a la Justicia, para poner ejemplos y enviar el mensaje a otros, que están renuentes a pagar el servicio de electricidad y prefieren robárselo.
Me encantó leer que recientemente la Pgase logró que el Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo Domingo condenara al ciudadano Winston Danaure Sánchez al pago de RD1.8 millón y a tres años de prisión suspendida por cometer fraude eléctrico en contra de Edeeste S.A. y del Estado dominicano. Se debe reforzar la persecución y sometimiento por la comisión de ese delito.
Las EDE deben ser empresas rentables, o por lo menos cubrir sus operaciones sin el auxilio del Estado dominicano, como sucede en la mayoría de los países del mundo, por el bien común.
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