Santo Domingo Este._ La Procuraduría General de la República apresó la madrugada de este domingo a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, en lo que ha denominado Operación Calamar.
En la operación fueron detenidas otras 20 personas mediante 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de investigación, 300 agentes de la Policía y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Peralta, exministro administrativo de la Presidencia; Guerrero, de Hacienda y Castillo, de Obras Públicas; serán interrogados sobre un supuesto desfalco en contra del Estado que supera los 17,000 millones de pesos.
También fueron detenidos el excontralor, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
El grupo está acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos.
Según la Procuraduría, se trata del más voluminoso expediente de corrupción en el que trabaja el Ministerio Público y que envuelve montos que se aproxima a los 20 mil millones de pesos.
En el documento del Pepca, se indica que el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones de Guerrero, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público RD$19,653,871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales, de los cuales el Pepca determinó que los esfuncionarios lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
La Pepca identificó otras operaciones para desfalcar al Estado, como la simulación de compras y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa.
El Ministerio Público se enfrenta al reto de demostrar el ilícito en el que, además de exfuncionarios, están involucrados abogados y “buscones” que se encargaban de detectar expedientes viejos de expropiaciones.
Los propietarios originales recibían “migajas”, mientras que el Ministerio Público estima que los miembros de la estructura se quedaban con la mayor parte de los recursos.
En el expediente también figura el abogado Ángel Lockward, quien al parecer no se encontraba en su casa cuando fue allanada.
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