Santo Domingo._ Defensores del medio ambiente depositaron una querella en la que piden 10 de años de prisión y US$500 millones de indemnización por los daños que la Central Termoeléctrica Punta Catalina habría ha causado al litoral de la comunidad de Paya, en Baní.

Los querellantes son el Instituto de Abogados Para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), así como personalidades independientes.

La misma es contra el anterior ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez; el ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara; el exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, y el presidente de la Constructora Estrella,  Manuel Estrella.

Fue entregada en la Procuraduría especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  Además de las citadas organizaciones, los querellantes son José Francisco Díaz Sánchez, Alexander Peguero, Francia Martínez Polanco, Nidia Altagracia Martínez Polanco, Reynaldo Rey Martínez Polanco, Santo Espíritusantos y Franklin Ubrí.

Culpan a los imputados de ser responsables de la desaparición que,  a su juicio, ha sufrido la playa de Paya como resultado de la destrucción con explosivos de los arrecifes de corales para la construcción del espigón de 1,300 metros del puerto carbonero de Punta Catalina.

Alegan que en la zona ha desaparecido la vida marina a causa de la destrucción de los arrecifes de coral, del vertido al mar de agua caliente cargada de químicos que elimina el oxígeno del agua y de la caída al mar de briznas de carbón en las operaciones de desembarco de cuatro millones de toneladas por año.